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viernes, 10 de abril de 2026
martes, 21 de enero de 2025
🔼 Telefónica tiene un papel clave en dos causas que cercan a Moncloa
La compañía debe aportar al juez que investiga al fiscal general su listado de llamadas en la semana de la filtración
La representación jurídica de la empresa testificará mañana por el 'software' del caso Begoña
Comparecencia de Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid IGNACIO GIL
El aterrizaje del nuevo presidente de Telefónica, Marc Mutra, tras fulminar Pedro Sánchez a su antecesor, José María Álvarez-Pallete, coincide con el papel clave que esta compañía tiene en dos causas judiciales que cercan a La Moncloa: la que se instruye en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos y la que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en relación al 'software' de la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
El cambio de teléfono de García Ortiz —una semana después de que el Alto Tribunal le imputara y una antes del registro en la sede de la Fiscalía General del Estado, el pasado octubre— está obligando al magistrado a reconstruir los momentos clave de la semana en la que se produjo la filtración del correo confidencial del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una investigación que el juez ha delimitado entre el 8 y 14 de marzo del año pasado. Y para ello es fundamental la colaboración de las empresas de telefonía. Telefónica y Vodafone juegan en este sentido un papel esencial en aras del auxilio judicial, en el que cuenta no sólo la efectividad de la respuesta, que se da por hecho que se producirá, sino también los tiempos de la misma.
En este contexto, el pasado día 7 el juez Hurtado libró un oficio a las operadoras Telefónica Movistar y Vodafone —la UCO informó al juez de que el fiscal general tenía una línea en cada una de estas compañías— para que le remitieran «en formato digital (PDF, Excel y TXT) los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten».
También solicitó a ambas operadoras los «paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del emisor y el receptor». Este tráfico de llamadas cobra mayor relevancia aún después de que en el auto de citación del fiscal general para declarar como imputado el próximo día 29 el juez haya asumido de forma indiciaria que la filtración del correo de Ayuso se produjo desde Fiscalía General y con destino a algunos medios de comunicación y a «Presidencia del Gobierno»
De momento no se ha encontrado ninguna comunicación entre García Ortiz y La Moncloa, pues —como desveló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— el fiscal general cambió de dispositivo, por lo que tanto ese tráfico de llamadas que ha solicitado el juez como las comisiones rogatorias acordadas este lunes para recuperar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del imputado resultan fundamentales para seguir avanzando en esta causa.
Lo que sí se sabe es que la entonces número dos del ahora ministro Óscar López cuando era jefe de Gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, tenía ese correo en su poder y que intentó que el entonces líder de los socialista madrileños, Juan Lobato, lo exhibiera en el parlamento regional el pasado 14 de marzo, como destapó ABC.
El 'software' de la cátedra
Menos determinante, pero también con relevancia, es el papel de Telefónica en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en un juzgado de Madrid. El instructor Juan Carlos Peinado ha citado mañana como testigo a la compañía como persona jurídica. La razón, los trabajos que realizó de forma altruista para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez y, en concreto, para el 'software' que quería poner en pie para que las pymes pudieran medir su impacto social. Tendrá que explicar el origen de esa colaboración, el motivo de su salida del proyecto, que acabó licitándose a Deloitte, y qué coste le supuso su participación. Indra y Google, que estaban en el mismo proyecto en condiciones análogas y que también han sido citadas a testificar este miércoles, ya contestaron por escrito: la primera aportó 128.000 euros y la segunda, 110.000.
ENLACES:
https://www.abc.es/espana/telefonica-papel-clave-dos-causas-cercan-moncloa-20250121193817-nt.html
🔽 El inaceptable asalto de Sánchez a Telefónica
El presidente da otro paso en su deriva autoritaria con una escandalosa operación política con dinero público
La operación de asalto de la Moncloa a Telefónica, una multinacional solvente que no necesita para nada la intervención política, supone un paso más en el acoso de Pedro Sánchez a la libertad y pluralidad definitorias de una democracia.
Citar en la Moncloa al presidente de la compañía para destituirlo y nombrar a la vez en su lugar a un adepto del PSOE conforma una escena impropia de un país europeo y se acerca más, sin duda, a la visión patrimonial del Estado característica de dirigentes como Hugo Chávez, célebre por sus expropiaciones, de las que se vanagloriaba en público.
Y desde luego obliga a preguntarse por las intenciones que promueven este abordaje, con seguridad nada tranquilizadoras.
Para empezar, porque Telefónica tiene un papel judicial relevante en dos de los casos que más acorralan a Sánchez, el de su propia esposa y el del fiscal general del Estado: tanto los patrocinios a la cátedra de Begoña Gómez cuanto la exactitud de las comunicaciones de García Ortiz durante la campaña de acoso a Ayuso tienen en la compañía, sin duda, un elemento clave para decantar los juicios. Y no parece que imponer a un socialista al frente de la firma ayude a confiar en su colaboración con los tribunales, precisamente.
Pero hay más, y es todavía más inquietante. Porque la colonización de Telefónica remata un largo proceso de usurpación de instituciones, organismos y empresas públicas por parte del PSOE, con dirigentes de constatada obediencia a su patrón.
Y porque además eso se perpetra en todos los ámbitos relevantes en la creación de estados de opinión, en el recuento o custodia de votos, en las comunicaciones de todo tipo e incluso en la inteligencia artificial.
A todos esos sectores se dedican el CIS, RTVE, Correos, Indra o Telefónica, entre otros. Y en todos ellos hay al frente, o influyendo decisivamente, a personas conjuradas en el proyecto de Sánchez y en su supervivencia.
Si se le añade a esta secuencia de abusos la utilización del Tribunal Constitucional para avalarlo todo y anular las consecuencias de escándalos tan mayúsculos como el de los ERE, la preocupación debe ser máxima y la reacción democrática también.
Arabia Saudí es ya el segundo accionista de Telefónica, lo que en sí mismo desmonta la justificación que Sánchez dio al invertir en la compañía con el dinero de todos los españoles y demuestra que su plan era otro. Y lo ha logrado, en plena tormenta judicial y con una deriva autoritaria que asusta y obliga a actuar con determinación democrática, judicial, europea y ciudadana. Antes de que sea tarde.
ENLACES:
🔽 La 'operación Telefónica' y sus similitudes con el asalto de Hugo Chávez a la mayor 'teleco' venezolana
El nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente es un adelanto del interés de Pedro Sánchez por politizar una empresa estratégica
La gente pasa junto a un mural con la imagen de Hugo Chávez y Simón BolívarAFP
La ‘operación Telefónica’ del Gobierno comenzó en diciembre de 2023, cuando el Consejo de Ministros ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra del 10 % del capital social de la compañía, y concluyó el pasado sábado con el cese repentino de José María Álvarez-Pallete y el consiguiente nombramiento de Marc Murtra, en una maniobra que guarda ciertas similitudes con Cantv, la teleco venezolana que Hugo Chávez nacionalizó durante su presidencia.
Aunque fue a José María Aznar al que le cayeron los estacazos por la privatización de Telefónica, fue Felipe González el que dio entrada a inversores privados. Para 1996, cuando llegó el ‘popular’ a Moncloa, la participación del Estado en la teleco se limitaba al 20,9 %. Es cierto que la privatización en 1997 sin trámite parlamentario y el nombramiento de Juan Villalonga –amigo de la infancia de Aznar– al frente de la compañía no ayudaron a mejorar la imagen.
Ahora el Gobierno vuelve a convertirse en el mayor accionista de la empresa, con un presidente nombrado a dedo tras cargarse a Pallete, que estuvo al frente de la compañía casi nueve años después de trabajar otros quince en diferentes puestos. La llegada de capital estatal se precipitó tras la llegada del fondo soberano saudí STC que, en septiembre de 2023, anunció por sorpresa la adquisición del 9,9 % de Telefónica, aunque Sánchez llevaba tiempo intentando meter mano.
Entonces, el presidente aludió a la necesidad de mantener la españolidad de una empresa estratégica para aprobar una inversión de 2.284,8 millones para la compra del 10 % de las acciones de la compañía. El nombramiento de alguien cercano al Gobierno era cuestión de tiempo, si bien sorprenden las prisas.
Esta operación recuerda a la que se vivió en Venezuela con la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conocida como Cantv. Fundada por capital privado en 1930, fue estatalizada durante la dictadura de Marcos Pérez. En 1991, en medio de una política de privatización, el gobierno venezolano vendió el 40 % de la compañía a Venworld Telecom, un consorcio en el que se encontraba Telefónica y GTE –actual Verizon–, a cambio de 1.885 millones de dólares de entonces.
Pero, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, el país entró en una nueva espiral de nacionalizaciones dentro de la llamada Revolución Bolivariana que incluyó industrias estratégicas en sectores como la banca, la energía, la industria y, por supuesto, las telecomunicaciones. «La nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos de soberanía, seguridad y defensa», comentó Chávez entonces en un anuncio que desplomó un 38 % el valor de la empresa en la Bolsa de Nueva York.
En 2007, Verizon acabó vendiendo su participación –el 28,51 %– a cambio de unos 572,24 millones de dólares y lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto. Tras la nacionalización, Chávez nombró presidenta a Socorro Hernández, ahora sancionada por varios países,
Desde entonces, la compañía se ha convertido en un aparato de espionaje al servicio del régimen bolivariano, tal y como demostró Telefónica en un informe de transparencia en 2021, año en el que se interceptaron más de millón y medio de líneas de clientes venezolanos, cerca del 20 % del total. Además, se registraron 3,5 millones de solicitudes de interceptación destinadas a conocer los datos del suscriptor y su ubicación en tiempo real. Un aviso a navegantes de lo que puede ocurrir en nuestro país.
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