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viernes, 21 de noviembre de 2025
jueves, 13 de noviembre de 2025
🔼 Cayetana deja en evidencia a Urtasun: "¿Perdón por lo que hizo España en América, pero no por el comunismo ni ETA?"
La diputada del Partido Popular ha denunciado la doble vara de medir y la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez con las cuestiones históricas.
En la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dejado en evidencia al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al señalar que el Gobierno considera que hay que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años en América y no por las matanzas del comunismo y el terrorismo de la ETA.
Cayetana ha preguntado a Urtasun si tiene pensado disculparse públicamente por "las matanzas del comunismo" después de que haya defendido que el ministro José Manuel Albares pidiera perdón por la actuación de España en Sudamérica.
En contraste al terror y los millones de muertes del comunismo, la diputada popular ha presumido del legado español en Sudamérica. Le ha recordado al ministro Urtasun todos los hospitales y universidades que construyó España, además de tener un papel clave en poner fin al canibalismo y promulgar leyes que supusieron un aumento de derechos.
Álvarez de Toledo ha expuesto aún más a Urtasun al señalar que el Gobierno de España considera que "hay que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años pero no por lo que hizo Arnaldo Otegi con la ETA hace 20 años". En este sentido, la popular ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez su doble vara de medir y su hipocresía.
También ha lamentado que "tengamos que avergonzarnos de Isabel la Católica y recibir lecciones de la condenada y etarra, Mertxe Aizpurura".
Urtasun le ha espetado a Álvarez de Toledo que lo que realmente le molesta es que gobierne la izquierda en México y no sea Milei el presidente. El ministro ha recordado que la diputada del PP asistió a la toma de posesión del presidente de Argentina y ha aprovechado para cargar contra Milei por "recortar" la libertad de la cultura argentina. Además ha defendido las palabras de Albares, quién pidió perdón tras asegurar que "hubo dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios de México.
CONCLUSIONES:
- El Gobierno de Pedro Sánchez considera que hay que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años en América y no por las matanzas del comunismo y el terrorismo de la ETA.
- En contraste al terror y los millones de muertes del comunismo, debemos presumir del legado español en Sudamérica.
- España construyó hospitales y universidades, además de tener un papel clave en poner fin al canibalismo y promulgar leyes que supusieron un aumento de derechos.
- Es cierto que hubo dolor e injusticia pero la responsabilidad es individual, no colectiva.
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domingo, 29 de junio de 2025
sábado, 28 de junio de 2025
El portaaviones francés que España estudia clonar: 2.000 marineros, sistemas antimisiles y hasta 40 cazas
La ambición de la Armada que surcará los mares: España tendrá el cuarto portaviones de Europa escoltado por dos buques de asalto anfibio
miércoles, 19 de marzo de 2025
miércoles, 25 de diciembre de 2024
El grave error de la condonación de deuda
Sánchez lo hace porque los independentistas catalanes se lo exigen, un pago más por su apoyo, y trata de sembrar la cizaña y la discordia entre las CC. AA. del PP con ese caramelo envenenado
En la especie de mercado persa que ha implantado Pedro Sánchez en la política española, parece que todo le vale al Gobierno con tal de comprar unos minutos más de tiempo en la cabecera del banco azul. Así, con un concierto económico catalán firmado con los independentistas, el Gobierno, tras casi tres meses, sigue sin aclarar en qué consistirá y cada día dice una cosa distinta, tratando a los ciudadanos como tondos, con explicaciones peregrinas y falsedades, diciendo una cosa y la contraria.
Para desviar la atención, tratan de dividir a las regiones gobernadas con el PP –y a todas, en general–, con promesas de un dinero que ni tienen –el déficit no lo soporta– ni es suyo –sino de todos los contribuyentes que no pueden ya más–. Por eso, María Jesús Montero insistía tanto en la condonación de deuda cuando se anunció por primera vez. Después, dijo que le haría una buena oferta de condonación de deuda a Andalucía que Juanma Moreno no podría rechazar. Ahora, Sánchez, ha anunciado, en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana, que en enero se iniciarán los trámites para la condonación de la deuda –o de parte de ella– de las CCAA. Lo hace porque los independentistas catalanes se lo exigen, un pago más por su apoyo, y trata de sembrar la cizaña y la discordia entre las CC. AA. del PP con ese caramelo envenenado.
El PP no puede caer en el error y ceder ante lo que es un chantaje
El PP no puede caer en el error y ceder ante lo que es un chantaje: ni objetivo de estabilidad, ni fondos adicionales, ni condonación de deuda. Ninguna comunidad autónoma puede aceptar la condonación de deuda. No puede aceptar ninguno nada, porque, en primer lugar, son propuestas perjudiciales para la economía y, en segundo lugar, es todo falso, una estratagema más que incumplirá, pero aunque no lo incumpliese, son propuestas nocivas.
La condonación de deuda a las CCAA supondría una pérdida de credibilidad en la economía, en la fiabilidad de la misma, al levantar una barrera a los inversores, al introducir una inseguridad en quién va a asumir las futuras deudas que contraiga Cataluña. Inseguridad que se extiende y perjudica al conjunto de AAPP españolas, porque al dudar con una se duda de todas, por efecto contagio.
Perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice que «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». ¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región?
Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las CCAA, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito. Y ello está regulado en la LOFCA, en el artículo 14. Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el FLA, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma.
Regalo envenenado
Sánchez, en lugar de velar por dicho cumplimiento, lo vuela por los aires y les regala ese importe. Por eso quieren ampliarlo a todas las CC. AA., para salvar el artículo 138.2 de la Constitución, pero, aun así, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a Cataluña, porque en el propio acuerdo del PSOE con ERC se especifica que la operación supondrá la asunción del 20 % de la deuda viva de Cataluña con la AGE, aparte de la aberración del concierto catalán.
Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, que dificultará el acceso a los mercados y el coste de financiación tanto del Tesoro como de todas las AAPP españolas.
Y desde el punto de vista de los principios y valores, vuela por los aires la responsabilidad de hacer una buena gestión, de ser eficientes, de no malgastar, de aquilatar el presupuesto, porque da igual si se hace bien o mal, porque la irresponsabilidad se cubrirá.
Ninguna comunidad autónoma debe pedir la condonación de deuda. Sería un error y blanquearía la decisión de Sánchez, cupo catalán incluido. Es una medida a la que hay que oponerse de manera enérgica y frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo. No se puede caer en esa clara trampa.
No me queda nada más que desear a todos los lectores de El Debate, una muy feliz Navidad junto a sus familias y seres queridos, esta noche que celebramos que hace poco más de dos mil años un niño nació en un pesebre para salvarnos y traernos esperanza.
ENLACES:
https://www.eldebate.com/economia/20241224/grave-error-condonacion-deuda_253597.html
martes, 17 de septiembre de 2024
miércoles, 14 de agosto de 2024
🔼 Radiografía del yihadismo en España: más de 1.000 detenidos, repunte hasta 78 en 2023 y amplia mayoría de nacionales
Se convierte en el año con más arrestados desde el 'shock' del 11-M/
Los 3 asesinatos del 2023 elevan el total de víctimas a 300 al cierre del ejercicio
Varios agentes de la Guardia Civil llevan a un detenido tras una operación policial antiyihadista en enero de 2024.David Zorrakino.Europa Press
20 años del mayor atentado en España. Y más de 1.000 detenidos por terrorismo yihadista desde entonces, pero 2023 no fue un año más, con un repunte hasta 78 arrestos y una amplia mayoría de españoles entre ellos. Quedará marcado como uno de los años negros, de récord si se excluye aquel 2004 del 11-M y el ejercicio posterior, pues desde entonces no se habían registrado tantas detenciones como en 2023. En 2004 fueron 131 y en 2005, 92. Incluso supera a 2017, un año marcado por los atentados de Barcelona y que dejó 76 arrestos.
El pasado año cerró además con tres víctimas españolas del yihadismo. El sacerdote Diego Valencia murió a machetazos en el ataque de Algeciras cometido en la tarde del 25 de enero. Nueve meses después, la yihad se cobraba la vida de dos españoles en el atentado lanzado por Hamás en Israel, el 7 de octubre. Maya Villalobo, militar que se encontraba haciendo servicio en la base Nahal Oz, e Iván Illarramendi, natural de Zarauz (País Vasco), que residía en Israel. Con estas tres víctimas, ya son 300 las víctimas registradas como residentes en España -españolas y extranjeras-.
El Balance del terrorismo en España 2023, publicado este martes por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, permite radiografiar el fenómeno yihadista en España. Registra, por ejemplo, cual era la actividad que realizaba el detenido. El desglose muestra que, de los 78 detenidos el año pasado, el 23% se dedicaba a la propaganda o enaltecimiento del yihadismo. Otra de las actividades registradas es la financiación de estos grupos. Algo más del 15% estaban implicados en esa fase, que se ha incrementado con la circulación de criptomonedas. Idéntico porcentaje se registra para los que se dedican al reclutamiento, que en ejercicios anteriores provocó alrededor del 36% de arrestos. En diciembre de 2023, dentro de la operación Magrame, en Melilla, se detuvo a nueve sospechosos acusados de realizar captaciones de jóvenes para que se afiliasen al Daesh.
No obstante, la cifra más significativa corresponde a los inmersos en la preparación de atentados, que representaban el 23%. Los cuerpos de seguridad encuadran en este apartado preparativos como gestionar el desplazamiento a la zona conflicto, recopilar manuales para la fabricación de artefacto, recoger indicaciones para perpetrar actos terroristas, intentos de conseguir armas o realizar planificaciones orientadas a la ejecución del ataque previsto. Este tipo de actividad ha aumentado respecto a los detenidos en 2022 (15,2%), dentro de la política de las fuerzas de seguridad de anticipación.
La nacionalidad de los detenidos ofrece también un rasgo diferencial este 2023. Casi el 40% son españoles (31 de un total de 78), por delante de marroquíes (20 arrestados) y pakistaníes (15), dos focos de radicalización islamista. También se identifica a 3 argelinos y 9 en la categoría de otros países. Nunca se había producido una mayoría tan amplia de nacionales. En 2019, ya destacaron los detenidos de nacionalidad española (26), pero era sólo 4 más que los marroquíes, el pasaporte del 43% de los implicados en los últimos 8 años (frente al 34% de españoles). El informe no precisa el origen familiar o si los detenidos tienen doble pasaporte.
De los 78 arrestados, ocho fueron mujeres, registrando la cifra más alta desde 2015. De hecho, este balance anota en primer lugar la detención de dos ciudadanas españoles repatriadas de Siria, incluidas en el listado de combatientes extranjeros desplazados a zonas controladas por el Estado Islámico. En los últimos nueve años, el total de mujeres arrestadas es 44, apenas el 8,5% del global. El informe revela también la detención de seis menores, el tope de los últimos seis años. Interior destaca además que nueve de los arrestados eran conversos al islam que se radicalizaron.
Cataluña (19), Madrid (11) y Andalucía (11) son las tres comunidades donde más detenciones se produjeron, aunque entre las dos primeras se incrusta la ciudad autónoma de Melilla (12). Sin embargo, ninguna se registró en Ceuta. Valencia (7) y País Vasco (5) fueron los otros centros de las operaciones policiales en 2023
Los principales grupos terroristas que promueven la adhesión a las organizaciones yihadistas continúan siendo el Estado Islámico (Daesh) y Al Qaeda, a pesar de los descalabros militares que ha sufrido el Estado Islámico en lo que fue el califato, como indica el documento. En 2023, casi el 58% de los detenidos están registrados dentro de la órbita del Estado Islámico, seguidos del 7,68% simpatizantes de Al Qaeda. El porcentaje restante (34,7%) pertenece a los detenidos adheridos a otras siglas terroristas como, por ejemplo, al grupo Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP), que no está declarado formalmente como grupo terrorista, pero que convierte a 2023 en el segundo año consecutivo con detenidos pertenecientes a este clan. El año pasado fueron seis y este la cifra de arrestos se ha duplicado con 15, todos ellos con nacionalidad paquistaní.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska califica este tipo de terrorismo como "una de las principales amenazas contra la libertad y los derechos humanos en el mundo" y destaca en el mismo informe que gracias a la innovadoras políticas contra la radicalización violenta y el terrorismo a través de las víctimas, España ha sido seleccionada por las Naciones Unidas como anfitriona para celebrar la primera Conferencia Internacional sobre Víctimas de Terrorismo que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, los próximos días 8 y 9 de octubre.
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https://www.elmundo.es/espana/2024/08/14/66bbb251e4d4d8a5298b45b2.html
🔼 España enfrenta una tasa de desempleo juvenil del 26,6%, más del doble de la media global
España mantiene una tasa de desempleo juvenil del 26,6%, mientras que la media mundial se sitúa en un 13%, según los datos más recientes de la OIT.
Yolanda Diaz Ministra de Trabajo | Europa Press
En un contexto global donde la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más bajo en los últimos 15 años, España sigue enfrentando una situación desalentadora en el mercado laboral para los jóvenes. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa mundial de desempleo para jóvenes de 15 a 24 años se ha reducido a un 13%, una mejora significativa en comparación con los años anteriores. Sin embargo, España presenta una tasa de desempleo juvenil que asciende al 26,6%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2024.
La diferencia entre la tasa de desempleo juvenil en España y la media mundial resalta una disparidad notable en el acceso de los jóvenes españoles al mercado laboral. Mientras que el promedio global muestra una tendencia de reducción en el desempleo juvenil, España continúa registrando una cifra que supera ampliamente la media global. Esta diferencia plantea una preocupación significativa sobre la capacidad del mercado laboral español para integrar a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo.
El informe de la OIT destaca que, a nivel global, la tasa de desempleo juvenil ha experimentado una disminución gradual, con perspectivas optimistas para los próximos años. La organización anticipa que la tasa de desempleo juvenil mundial seguirá disminuyendo, situándose en un 12,8% en 2024 y 2025. Sin embargo, España no ha logrado seguir esta tendencia global de mejora.
Los datos indican que España enfrenta desafíos persistentes. La alta tasa de desempleo juvenil en el país puede reflejar problemas estructurales en el mercado laboral, incluyendo la falta de oportunidades adecuadas para los jóvenes y posibles desajustes entre las habilidades requeridas por los empleadores y las que poseen los candidatos jóvenes.
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martes, 13 de agosto de 2024
🔼 Venezuela y la complicidad del PSOE
REFLEXIONES:
- Es innegable la complicidad del partido de Sánchez y de las formaciones a su izquierda con el régimen bolivariano.
- Esto hace que Bruselas considere a España como una democracia en riesgo.
ARTÍCULO:
Es sabida la complicidad del partido de Sánchez y de las formaciones a su izquierda con el régimen bolivariano, de la misma manera que en Bruselas se considera a España como una democracia en riesgo. Una cosa lleva a la otra
Las especulaciones sobre cómo reaccionaría el régimen bolivariano ante la más que previsible victoria de la oposición en las recientes elecciones venezolanas tocaron a su fin. El régimen niega la mayor y reivindica un triunfo que no puede demostrar. El proceso estuvo viciado desde el principio, porque la democracia murió hace años en aquel maravilloso país. Las huestes bolivarianas no llegaron para reformar el país, sino para quedárselo. Hoy no es más que una finca en manos de unos pocos, que tratan de ocultar la patrimonialización del Estado tras una cortina de pseudo ideología.
La voluntad de permanecer quedó pronto patente por la distribución del poder, en vez de generar riqueza la depredaban, y por el establecimiento de estrechos vínculos con el narcotráfico y con el crimen organizado. La íntima colaboración de los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos iba en la misma dirección.
Necesitaban tener un control suficiente sobre la sociedad venezolana para impedir la emergencia de un bloque opositor capaz de cuestionar su hegemonía. Se hicieron con el control de los medios de comunicación, compraron voluntades de unos, chantajearon a otros y asesinaron o encarcelaron a quienes consideraron conveniente.
En esas condiciones la economía venezolana se hundió, como décadas antes la cubana. No había seguridad jurídica, el dinero huía, la sociedad se empobrecía al tiempo que sentía como su libertad y su seguridad se cuestionaban. Como había ocurrido en Cuba se produjo una emigración masiva. Se habla de hasta ocho millones de venezolanos que están tratando de organizar sus vidas en otros estados. Sin embargo, lo que es un desastre para la sociedad venezolana es un regalo para sus gobernantes, cada vez más ricos.
Durante mucho tiempo la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias políticas. Eran lógicas las críticas a sus dirigentes. Sin embargo ¿Hubieran podido derribar el régimen bolivariano si hubieran actuado con más inteligencia? Quizás en los primeros tiempos, pero no después. El bolivarianismo llegó para quedarse, de ahí que sus cuadros dirigentes no hayan tenido reparo en robar, matar, encarcelar injustamente, arruinar negocios y familias, entrar en el mundo del crimen organizado… Sólo cederían el poder por la fuerza ya que, de otra manera, serían condenados a pasar el resto de sus vidas en las cárceles venezolanas o de otras partes del mundo. Ni quieren abandonar el poder ni pueden hacerlo.
La Administración Trump estudió cómo forzar un cambio de régimen por la fuerza, a través de su colaboración con los sectores más profesionales de las Fuerzas Armadas. Del estudio se pasó a la acción…, que concluyó en fracaso. El bolivarianismo surgió en las Fuerzas Armadas y sus dirigentes tuvieron buen cuidado de corromper a la cúpula militar, que es parte activa del tinglado, incluyendo de manera muy especial el control de todo lo relativo al crimen organizado. Igualmente, las Fuerzas Armadas tienen un destacado papel en las relaciones internacionales del régimen, destacando sus vínculos con Rusia, China, Irán y aquellos grupos vinculados a este último, como la entidad libanesa Hizbulá. Para los muchos oficiales que viven con horror la evolución del país y que, sin lugar a duda, preferirían un cambio de rumbo político, hay dos circunstancias que no pueden dejar de tener en cuenta. La primera es el control al que están sometidos por sus servicios de inteligencia, con la íntima colaboración de los cubanos. Cualquier paso en falso puede ser detectado, con consecuencias terribles. La segunda es la dificultad de que una asonada logrará plenamente su objetivo. El riesgo de que, como ocurrió en España en 1936, diera paso a una guerra civil, con una geografía como la venezolana, es real. Por todo ello un golpe de Estado militar es posible, pero no probable.
El régimen bolivariano ha ido más allá de la agenda trasformadora y escasamente democrática del Grupo de Puebla. Su abierto desprecio de la confrontación electoral dificulta el pleno respaldo de sus socios izquierdistas y le aboca al no muy selecto bloque formado por Cuba y Nicaragua, dictaduras corruptas capaces de garantizar sine die la pobreza de sus ciudadanos. Aún así, Maduro y sus compañeros de viaje no están solos. Tienen garantizado tanto el desprecio como la colaboración de rusos, chinos e iraníes. En la medida en que cree problemas a Estados Unidos, divida a los latinoamericanos y haga evidente la inconsistencia de la diplomacia europea el régimen será considerado un buen compañero de viaje, con los apoyos y complicidades que ello implica.
Podemos decir muchas cosas de los gobernantes cubanos y venezolanos, pero lo que es innegable es que saben lo que quieren y están dispuestos a luchar por ello. En eso coinciden con sus compañeros de viaje rusos, chinos e iraníes. Descuentan declaraciones, sanciones, expulsiones… mientras mantienen fijo el rumbo para desgracia, en la mayoría de los casos, de sus respectivas sociedades. China sería aquí una excepción, cuya valoración requería de muchas matizaciones. Por el contrario, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sido un ejemplo de incoherencia e inconsistencia, pasando de duras declaraciones y sanciones a ingenuos ejemplos de estrategias de apaciguamiento, que acababan fortaleciendo al régimen en vez de animarle hacia una transición hacia la democracia que nunca estuvo en sus planes. La izquierda norteamericana y europea ha sido responsable de este ensueño, que trata de ocultar simpatías y comprensiones inaceptables. La derecha es culpable de no saber en qué cree y, consiguientemente, qué quiere y de dejarse llevar por una corrección política sesgada ideológicamente. La historia de la política europea hacia Cuba es un perfecto ejemplo de todo esto y, en el mejor de los casos, es una vergüenza.
En la Unión Europea se reconoce la autoridad de las metrópolis sobre sus antiguas colonias o espacios de influencia. España debería estar fijando el rumbo diplomático ante lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en este caso nadie lo espera. Es sabida la complicidad del PSOE y de las formaciones a su izquierda con el régimen bolivariano, de la misma manera que en Bruselas se considera a España como una democracia en riesgo. Y es que una cosa lleva a la otra. Sánchez trata de parapetarse tras las declaraciones de la Unión mientras se mantienen las conexiones con Caracas. Como ya hemos comentado con anterioridad la definición de la política exterior pasó del Ministerio a la Moncloa, donde personajes como Rodríguez Zapatero o Moratinos colaboran estrechamente con Sánchez. El resultado no siempre pasa por el Gobierno, el Ministerio o el Congreso; no es la expresión democrática de la voluntad popular, pero supone el compromiso de España con intereses ajenos a los nuestros y contrarios a los valores que informan nuestra Constitución, o lo que queda de ella.
ENLACES:
https://www.eldebate.com/opinion/20240806/venezuela-complicidad-psoe_218290.html
🔼 El camino de perdición de Cataluña que Illa piensa continuar
El Gobierno de Illa ha echado a andar en Cataluña, y lo ha hecho con no pocos deméritos. En primer lugar, arranca con dieciséis consejerías. Emulando a Sánchez, Illa ha configurado el gobierno autonómico con mayor número de consejeros. Tiene el doble que Murcia (con ocho) y casi el doble que Madrid (con nueve). Además lo hace bajo un pacto que rompe casi todos los compromisos que adquirió el propio PSOE en su último Congreso. Es decir, que si ya podíamos sospechar que el PSC dejaba el constitucionalismo para militar en el separatismo, ahora es abiertamente golpista.
Y toda su agenda rupturista, que es la continuación de lo que han hecho en Cataluña Junts y ERC durante las últimas dos décadas, tiene una base financiera fundamental, perpetrar el golpe definitivo a España.
El pacto de Sánchez y ERC para la investidura de Illa, el traspaso de la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos en Cataluña, la llave de la caja, rompe el principio de igualdad y solidaridad entre los distintos territorios españoles, dinamita la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y condena a la infrafinanciación a las comunidades autónomas con menos recursos.
Pero, ¿para qué quiere el dinero el señor Illa? Hasta la fecha la Generalidad ha ido marcando récords de gasto público año a año.
Su gasto público ha subido a un ritmo mucho mayor, y esto es decir mucho, de lo que lo ha hecho en proporción el Gobierno central. En el periodo que va desde 2019 a 2023, el gasto público catalán ha crecido un 13%, un 2% superior que el ritmo de incremento del gasto público del Gobierno central de Pedro Sánchez. Si nos vamos hasta 2003 para explorar las dos últimas décadas de proyecto separatista, el incremento del gasto público ha sido del 49%, 17 puntos porcentuales más que la media española de los últimos 20 años (un 32%). Ahora el gasto no financiero supera los 43.600 millones de euros en Cataluña, (53.000 si incluimos las amortizaciones pendientes de deuda).
¿Y cuáles son los logros de la Comunidad Autónoma que justifiquen semejante incremento de gasto público? Ha convertido a sus ciudadanos y empresas en los más castigados fiscalmente de España, ha perdido su posición como locomotora de España en favor de Madrid. La renta per cápita en Cataluña no ha hecho más que bajar desde 2008 hasta caer por debajo de la media de la UE en 2012.
Desde el golpe del 1 de octubre de 2017, han abandonado la comunidad autónoma catalana más de 9000 empresas y el sector turístico en Cataluña sigue sin recuperar todavía los datos de visitantes y gasto por visitante previos a la pandemia.
Por si esto fuera poco, en los planes de Illa no figuran reducir los impuestos ni las trabas burocráticas, mucho menos reducir el gasto público. Lo que sí tiene previsto es paralizar infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona, o desnuclearizar Cataluña para convertirla en una "isla energética" con cooperativas de instalaciones renovables.
Además, según un estudio de la universidad de Gotemburgo con el apoyo de la Unión Europea, Cataluña es la región más corrupta de España, y otro estudio, el índice de calidad de Gobierno de las regiones Europeas, coloca a Cataluña a la cola en cuanto a la percepción de la calidad de los servicios públicos por parte de sus ciudadanos.
No serán pocos los que en Cataluña empiecen a estar hartos de ser los que más impuestos pagan de Europa, para encima obtener los peores servicios públicos. Otro gallo cantaría si la intención de Illa fuera la de reducir trabas burocráticas, eliminar todos los impuestos propios, bajar los tramos autonómicos de IRPF y Sociedades, reducir el gasto y dedicar los recursos propios a hacer más eficiente la administración y ponerla al servicio de los ciudadanos, tal y como ha hecho la comunidad de Madrid. Una región que se ha convertido en la antítesis de Cataluña. Si de Cataluña huyen las empresas, a Madrid llegan. Si en Cataluña cae la renta per cápita, en Madrid sube por encima de la media de la UE. Si la seguridad y el turismo son un simple anhelo en Cataluña, en Madrid son una relidad cotidiana.
Más le valdría a Illa imitar a Isabel Díaz Ayuso que tratar de seguir la estela dejada por Puigdemont, Torra y Aragonés, siempre, con el permiso de Pedro Sánchez.
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miércoles, 7 de agosto de 2024
lunes, 8 de julio de 2024
🔼 El juez Peinado baja los humos a Begoña Gómez: "Todos los españoles son iguales ante la Ley, sin discriminación"
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Peinado autoriza la grabación en vídeo de las comparecencias de Begoña Gómez.
CONCLUSIONES:
- las comparecencias de Begoña Gómez, deben ser grabada en video, tal como sucede con cualquier otro ciudadano, pues todos los españoles son iguales ante la lay.
- la investigada, no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno
- Begoña Gómez se libró de hacer el paseíllo de entrada al Juzgado, (a diferencia del rector de la Complutense) gracias al dispositivo montado para evitar que los medios no pudiesen cubrir la noticia.Esto supone un previlegio injustificable.
- El rector ha confirmado que la secretaria de Begoña Gómez le llamó para que acudiese a la Moncloa a reunirse con ella, lo cual hizo.
- El rector reconoció ante el juez que la cátedra de Begoña Gómez era la única extraordinaria que se impartía en la Universidad.
- Begoña Gómez puso a su nombre una aplicación informática desarrollada por la universidad con dinero público.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez acercándose a los Reyes. | EFE
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha autorizado la grabación en vídeo de las declaraciones de Begoña Gómez destacando que "todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna".
La defensa de Gómez, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó que su declaración del pasado viernes fuera grabada en audio, pero no en vídeo "dada su relevancia pública" y para "evitar un uso inadecuado de las imágenes por los medios de comunicación".
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Peinado rechazaba la petición de Begoña Gómez y autorizaba la grabación en vídeo de su comparecencia: "Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, en representación de la investigada, Begoña Gómez Fernández, que ha tenido entrada en este Juzgado en el día de ayer 4 de julio de 2024, y por el que solicita que la grabación de la declaración de dicha investigada, no contenga la imagen de la misma, con base en la relevancia pública de la citada investigada, afirmándose que, es práctica habitual de los Juzgados la grabación las declaraciones, ha de recordársele al Señor Letrado de la defensa, que el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario, lo es para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 178 de la Ley de Enjuiciando Civil, que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley tiene carácter supletorio en el ámbito de la Jurisdicción penal".
"Por otra parte, la investigada, no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que, no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles, son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que no se alcanza a comprender que pueda procederse a vulnerar el principio de inderogabilidad singular de las normas, de tal manera que, la grabación de la diligencia de declaración de la investigada, deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial, por lo que, deberá ser recogida, la imagen y sonido de la precitada diligencia", concluye.
El juez Juan Carlos Peinado decidía aplazar este viernes la declaración de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez hasta el próximo 19 de julio después de que la defensa de Begoña Gómez alegara indefensión porque no se le había notificado una querella presentada por la asociación Hazte Oír. Dicha asociación está personada como acusación popular y su querella había sido acumulada en la misma causa, no obstante, no había sido notificada oficialmente a la defensa de Begoña Gómez.
Recordamos que Begoña Gómez se libró de hacer el paseíllo de entrada al Juzgado y pudo llegar en vehículo por el garaje por "motivos de seguridad", tras el acuerdo de la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, decisión que se desconoce si volverá a repetirse en la próxima declaración.
A pesar de ello, se desplegó un dispositivo policial sin precedentes con casi una veintena de furgones antidisturbios de la Policía Nacional. Además, se acotó un perímetro de seguridad en la acera de los Juzgados, se mandó a la prensa a una isleta del carril Bus vao de la Castellana y apenas 20 manifestantes congregados fueron enviados a más de 100 metros de la entrada, vigilados con un cordón policial. Finalmente, trascendieron algunas imágenes de la esposa del presidente del Gobierno en el interior de los juzgados antes de entrar a la sala de vistas.
Gómez citó al rector de la Complutense en Moncloa
Tal y como publicó LD, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, en su declaración como testigo del pasado viernes aseguraba que la secretaria de Begoña Gómez le llamó antes de que comenzara su cátedra en la Universidad Complutense para mantener una reunión en la Moncloa. Goyache acudió a la Moncloa y se reunió con Gómez.
El rector de la Complutense reconoció a su vez tener el número del teléfono móvil personal de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. También afirmó que la cátedra de Begoña Gómez era la única extraordinaria que se impartía en la Universidad.
Por último, dijo desconocer que ésta pusiera a su nombre una aplicación informática desarrollada por la universidad con dinero público.
ENLACES:
Supremo no hay más que uno y no es el Constitucional
CONCLUSIONES:
- invasión de competencias del TS por parte del TC
- si el TC se convirtiese en un tribunal cuyas decisiones respondiesen a razones de conveniencia, ello significaría el fin de la jurisdicción constitucional.
No creo que, a estas alturas, nadie que tenga un mínimo de formación jurídica dude sobre el carácter político del Tribunal Constitucional (TC), hasta el extremo de que ésta sea la espada de Damocles que pende sobre él. Precisamente fue su primer presidente, el profesor Manuel García Pelayo, quien inauguró el debate sobre la neutralidad política del tribunal, distinguiendo dos dimensiones diferentes: la constitucional y la política. En su opinión, ambos planos tenían que estar claramente separados, una aspiración que Camilo José Cela, en su condición de exsenador, calificó de ideal lógico, pero de muy dudosa realización.
Tienen razón, por tanto, quienes sostienen que con las sentencias dictadas en relación a los recursos de amparo interpuestos por los condenados en el asunto de los ERE –empezando por la primera, referida a la exministra Magdalena Álvarez– y que supuso uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, el TC ha acreditado sobradamente su naturaleza política al incurrir en un exceso de competencias y en una flagrante desnaturalización de sus funciones, entre las que no se incluye la interpretación última de los tipos penales. Como diría el profesor Hans Faller, que fue juez del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, el TC no es una instancia política y si se convirtiese en un tribunal cuyas decisiones respondiesen a razones de conveniencia, ello significaría el fin de la jurisdicción constitucional.
Es más. El hecho de que el TC se presente de forma tan patente y grosera como capaz de hacer pedazos una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por haber vulnerado garantías jurídicas de unos ciudadanos e incluso violado el principio de legalidad penal del artículo 25 de la CE, calificando de imprevisible la interpretación que del delito de prevaricación hizo aquél, es la prueba de que en España algunas sentencias se dictan por puro voluntarismo.
La decisión de los 7 miembros de TC que votaron a favor de la estimación de los recursos de amparo a los que me refiero es algo que nos debe llenar de preocupación. También y en igual dosis, de desconfianza en una institución, de la que lo único que se espera es que abandone cualquier tentación ajena a su auténtica misión que, por si alguno lo hubiera olvidado, es regular lo que resulta adecuado a la CE y lo que se opone a ella, procurando que sus interpretaciones jurídicas sean lo más técnicas posible. En supuestos como el presente, ejercer correctamente la jurisdicción constitucional implica la racionalización de sus decisiones, al ser ésta la única manera de acertar siempre en el difícil equilibrio de no lesionar la potestad jurisdiccional de los jueces y tribunales integrados en el poder judicial.
Admito que las líneas que separan ambas jurisdicciones no siempre son nítidas, pero en el caso que motiva este análisis creo que los magistrados y magistradas autores de las sentencias de mayoría han rebasado con creces las fronteras diseñadas por el legislador. Ahí está el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, redactado por la Ley 2/2007, de 24 de mayo, que se ocupa del recurso de amparo: "Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano jurisdiccional, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes: […] b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional".
En un riguroso trabajo titulado Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ¿un conflicto permanente?, Juan Antonio Xiol Ríos, que fue vicepresidente del TC, tras analizar los casos en que las aperturas de la jurisdicción constitucional al proceso ordinario han sido objeto de reticencias por los tribunales ordinarios debido a una concepción intervencionista de la justicia constitucional en el orden penal, considera que una solución, inspirada en el principio de mutuo respeto, reconocimiento y diálogo, es la autorrestricción por parte de la jurisdicción constitucional y que radica, según los seguidores de la fórmula, entre los que me encuentro, en una actitud por parte del Tribunal Constitucional favorable a restringir el ejercicio de su jurisdicción respetando el papel de los tribunales del Poder Judicial como ámbito protector de los derechos fundamentales con carácter ordinario.
Frente a la postura de la mayoría de los miembros del TC, tres magistrados y una magistrada han formulado un voto particular en el que, a mi juicio de forma cabal, sostienen, entre otros particulares, que la sentencia "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley". Y añaden: "La sentencia, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el TC entró en funcionamiento al TS en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva, ocasiona un daño institucional difícilmente reparable".
Insisto en la seriedad de los argumentos del voto particular. Es más, por si de algo sirviera, que espero que sirva, me permito traer a colación la que hasta ahora ha sido la doctrina inveterada y consolidada del TC. Y así, en la sentencia 229/2003, de 18 de diciembre, se dice que "(…) la revisión de la declaración de identidad efectuada por los órganos judiciales ha de realizarse por este Tribunal respetando los límites de esta jurisdicción constitucional de amparo. Por tanto, ha de partirse de la acotación de los hechos llevada a cabo por los órganos judiciales y de la calificación jurídica de estos hechos realizada por ellos, dado que en el examen de la vulneración de los derechos fundamentales este Tribunal Constitucional no entrará a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso en el que se ocasionaron las vulneraciones que se alegan en amparo (…)".
Y en cuanto a ese alcance del control que el TC puede ejercer respecto de la interpretación y aplicación de los preceptos sancionadores efectuados por los órganos judiciales, la doctrina del propio TC declara que, aun cuando toda norma penal admite diversas interpretaciones como consecuencia natural, entre otros factores, de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo, "la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos que llevan a su conocimiento, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, sin que pueda este Tribunal sustituirlos en dichas tareas, ni determinar cuál de entre todas las interpretaciones posibles de la norma es la más correcta, ni qué política criminal concreta debe orientar esa selección" (Por todas, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 142/199, de 22 de julio, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3).
En definitiva, que el canon de enjuiciamiento constitucional es que sólo cabe hablar de vulneración del principio de legalidad penal, cuando la aplicación de la norma penal carece de razonabilidad hasta el punto que resulta imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas contrarias a los principios que inspiran el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de criterios o modelos de interpretación no aceptados por la comunidad jurídica, lo que, evidentemente, no es el caso, pues una lectura de la sentencia del TS ahora anulada por el TC pone de relieve la impecable argumentación desarrollada por nuestro más alto órgano de la jurisdicción ordinaria que, a lo largo y ancho de casi cien páginas, expone las razones que llevan al tribunal a considerar que los hechos constituyeron un delito de prevaricación.
Después de esto, tras lo ocurrido con esta nueva invasión de competencias del TS por parte del TC, se me ocurre si acaso no tenía razón Ángel Ossorio y Gallardo, autor de esa gran obra titulada El alma de la toga, cuando definió a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales como "unos señores salidos de los casinos políticos para ser jueces de jueces, de gobernantes y de legisladores", aunque para diatriba, la de Niceto Alcalá Zamora que, desde la presidencia de la 2ª República española, llegó a afirmar de aquel tribunal que "en su seno predominan las medianías y las calamidades". Supongo que uno y otro formularon sus respectivas censuras con los debidos respetos, a los que gustosamente me sumo.
En fin. Fueron los griegos quienes descubrieron cómo y de qué manera la naturaleza humana está determinada por la tragedia, esto es, por aquello, que resulta necesario e imposible al mismo tiempo. La tarea del TC es, en este sentido, lamentablemente trágica y necesariamente humana. No pretendamos, además, según algunos querrían, convertirla en divina, o sea, en suprema.
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