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martes, 3 de febrero de 2026
viernes, 21 de marzo de 2025
🔼 Illa exigió en dos documentos del Ministerio de Sanidad «agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan»
Miembros del Gobierno culpan a Ayuso de los fallecimientos en Madrid cuando fue el Ministerio de Sanidad el que prohibió hospitalizar a los mayores
Illa exigió en dos documentos del Ministerio de Sanidad «agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan»
El exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, exigió en varios documentos a los que ha tenido acceso El Debate que las personas mayores que tuvieran el coronavirus fueran agrupadas en las residencias. De la misma manera, también se prohibió que fueran trasladados a hospitales. De esta manera, se tumba la versión del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ahora responsabilizan de los fallecimientos que se produjeron en la región durante la pandemia. En cambio, el exministro sí que autorizó que los presos que tuvieran síntomas de la enfermedad pudieran ser trasladados desde la cárcel a un centro médico.
Sanidad estableció que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve debe ser aislado del resto de residentes» y de no ser posible el aislamiento individual «puede recurrirse al aislamiento por cohorte». Es decir, en este caso, el Gobierno ordenó a las residencias de personas mayores a aislar a los pacientes de avanzada edad infectados en una sola habitación todos juntos estableciendo que «deben mantenerse alejados del resto de residentes». El escrito, por un lado, reconoce que el Ejecutivo sabía desde el 31 de enero que el coronavirus era mortal y que debían de extremarse las medidas de protección. También reconocía la vulnerabilidad de los ancianos y que la mortalidad era muy alta. «En la franja de 70 a 79 años es del 8% y del 14,8% para los mayores de 80 años», reza el documento.
Sin embargo, cuando las residencias confirmaban algún caso en vez de mandar al enfermo a un hospital se les ordenó que se quedaran en la residencia «debiendo restringir sus movimientos lo máximo posible y haciendo que se queden en una habitación con buena ventilación». La fecha en la que se emitió este informe, el 5 de marzo de 2020 –es decir, nueve días antes de que el Ejecutivo decretara el primer estado de alarma– aún no había ningún colapso ni en la sanidad pública ni en la privada y, por lo tanto, tal y como explican ahora varios altos cargos hospitalarios a El Debate, «no estaba justificada la instrucción de no atender hospitalariamente a los infectados».
El segundo documento al que ha tenido acceso este periódico, también de Sanidad, ordena aspectos clave como «suspender las visitas de los familiares a los ancianos residentes e igualmente prohibir todas las salidas de los ancianos de las residencias» y, de nuevo, prohibió que los ancianos pudieran ser hospitalizados. «Se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación», explica el informe. «Uno de los lugares donde, por ejemplo, podían haber sido trasladados es el Hospital de IFEMA, que recibió los primeros ingresos el 22 de marzo. Este lugar nunca se colapsó y siempre sobraron camas», insisten los facultativos.
Los presos sí eran hospitalizados
Los médicos, que tenían que cumplir las órdenes que Illa estableció desde Sanidad, rechazaron el ingreso de decenas de personas mayores. En 2020 trascendió a través de sus familiares el caso de una anciana residente que acudió al Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, en Madrid, para ser tratada de hemodiálisis. El médico de urgencias, que concluyó que presentaba un cuadro compatible con el coronavirus, no permitió el ingreso de la mujer, que regresó a la residencia y falleció tres días después.
Un tercer documento al que ha tenido acceso El Debate, elaborado de manera conjunta por Sanidad y por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, estableció que, en cambio, los presos que tuvieran síntomas graves sí podían ser trasladados a un hospital. «No se realizarán conducciones o traslados de los casos posibles o confirmados, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias, en cuyo caso se deberán de tomar las medidas de protección pertinentes», afirma el documento.
Sanidad sí autorizó los traslados de presos con síntomas de coronavirus a los hospitalesEl Debate
A pesar de las órdenes que el Gobierno estableció en materia de las residencias de ancianos, cinco años después el Ejecutivo, a través de varios ministros, culpa a Ayuso de las personas mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Reyes Maroto, ministra de Industria durante la pandemia y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, tildó las muertes en la región de «asesinatos» y desde la administración autonómica madrileña se anunciaron acciones legales. Más adelante, Maroto se justificó alegando que quería «destacar que esas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado» sin mencionar que, precisamente, fue el Gobierno del que ella formó parte quien prohibió que los ancianos fueran hospitalizados.
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jueves, 20 de marzo de 2025
🔼 La Fiscalía que investiga las residencias de Madrid rechazó imputar a Illa pese a que exigió «prohibir salir a los mayores»
Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, en un acto reciente del PSOEEP
La Fiscalía Provincial de Madrid, que investiga si alguna residencia de ancianos de la región denegó prestación sanitaria a personas mayores durante el coronavirus, rechazó imputar al exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, a pesar de que , tal y como ha desvelado El Debate, ordenó que no salieran de los centros. El Ministerio Público archivó una denuncia en la que se incluían los documentos internos. En la resolución, que iba sin firmar, como el informe de Hacienda del caso del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se decretó la ausencia de conductas delictivas.
Este movimiento de la Fiscalía madrileña se ha llevado a cabo después de varios meses recibiendo denuncias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios miembros del Ejecutivo autonómico. Las denuncias, interpuestas por familiares de mayores fallecidos durante la pandemia del coronavirus, han partido de diferentes municipios de la región, entre los que se encuentran Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Collado Villalba y varios más.
Si bien ahora desde el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra bajo sospecha por las filtraciones de datos sensibles sobre la pareja de la presidenta madrileña que investiga el Tribunal Supremo, se estiman las denuncias alegando que «existen indicios de criminalidad», la Fiscalía de Madrid rechazó admitir a trámite una denuncia interpuesta en 2020 donde se pedía la imputación del exministro Illa por haber sido el responsable de elaborar dos documentos que se remitieron a las comunidades autónomas donde se pedía que las personas mayores no salieran de las residencias aunque tuvieran síntomas del coronavirus.
La resolución con la que se puso fin al recorrido judicial de la denuncia se dictó sin la identidad del fiscal que había tomado la decisión. El mismo modus operandi que cuando la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, pidió a Hacienda un informe sobre el hermano de Sánchez y la Agencia Tributaria elaboró un documento exculpatorio sin firmar.
Apilar a los mayores infectados
El escrito interno de Sanidad pidió a las residencias que, en vez de trasladar a centros hospitalarios a los mayores con síntomas se quedaran en el interior del inmueble «debiendo restringir sus movimientos lo máximo posible y haciendo que se queden en una habitación con buena ventilación». En otro punto del documento se estableció que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve debe ser aislado del resto de residentes» y de no ser posible el aislamiento individual «puede recurrirse al aislamiento por cohorte». Es decir, se ordenó a las residencias que se juntara a todos los infectados en un único lugar.
Los documentos revelados por El Debate, de la misma manera, acreditan que Sanidad trasladó a las consejerías de salud de las distintas regiones estas órdenes a pesar que conocían que la vulnerabilidad de los ancianos y que la mortalidad era muy alta. «En la franja de 70 a 79 años es del 8% y del 14,8% para los mayores de 80 años», reza el escrito. El escrito también pedía “suspender las visitas de los familiares a los ancianos residentes e igualmente prohibir todas las salidas de los ancianos de las residencias». En medio de estas exigencias, Illa firmó otro documento en paralelo a este con el Ministerio del Interior que establecía que, sin embargo, los presos con síntomas sí podían ser trasladados a hospitales.
Ayuso se ha hecho eco de la exclusiva de El Debate en la red social X. En concreto, ha declarado: «Fueron Cataluña y el Ministerio de Sanidad quienes ordenaron segregar a los mayores. No hay derecho a que culpen a la Comunidad de Madrid, que no lo hizo. Ni que una vida valga más que otra según el interés político». Desde el Gobierno madrileño, su portavoz, Miguel Ángel García, ha explicado que confía en que la investigación de la Fiscalía de Madrid se acabe archivando y se de la razón a los profesionales que trabajaron en las residencias. «Entiendo que la Fiscalía hace una vez más de Fiscalía de Sánchez poniendo en conocimiento del juzgado estas denuncias y espero que los juzgados sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora: dar la razón, no a la Comunidad de Madrid, sino a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas», ha declarado.
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