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Que la cúpula de Hacienda examinara al periodista Javier Chicote por publicar información contraria a los intereses del ministro Montoro resulta inadmisible
En el año 2017, la cúpula de Hacienda del último gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro a la cabeza, promovió una serie de investigaciones fiscales dirigidas contra periodistas y políticos tanto del PP como del Partido Socialista.
Entre las personas sometidas a un insólito escrutinio se encuentra el jefe de Investigación de ABC, Javier Chicote, según consta en unas diligencias secretas del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.
La cúpula de Hacienda examinó a nuestro compañero después de que éste publicara una serie de reportajes en los que se exponía el 'modus operandi' del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, una oficina que llegó a cobrar 270.000 euros por informes para grandes empresas que tenían interés en influir en Hacienda.
El exministro, poco antes de retomar la cartera de Hacienda, llevó al presidente de su despacho a cenas con el Ibex organizadas por Rodrigo Rato en el año 2011. Ya en 2017, apenas tres meses después de que se publicara la información, los más altos responsables de la Agencia Tributaria concluyeron una investigación preliminar contra el periodista.
El diario ABC publicó hasta cinco exclusivas en 2017 que podrían comprometer la imagen del exministro Montoro, lo que previsiblemente desencadenó una represalia tan ilegítima como inadmisible.
La proximidad cronológica entre las publicaciones firmadas por Javier Chicote y su posterior investigación fiscal parecen evidenciar un ánimo intimidatorio por parte de la Agencia Tributaria.
Resulta absolutamente inverosímil que un ciudadano de a pie, con una actividad económica perfectamente regular e irrelevante, sea objeto de una investigación al más alto nivel y que llegara a prepararse un documento denominado 'Informe Chicote' en el que se monitorizaba no sólo al periodista sino, incluso, a su hija de corta edad, a sus suegros y hasta la abuela de su esposa.
El hecho resulta tan injustificable que tanto la Asociación de Periodistas de Investigación, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España o la Asociación de la Prensa de Madrid han expresado su apoyo a nuestro compañero y han censurado esta campaña de acoso promovida desde las más altas esferas del Estado.
Ningún trabajador debería estar sometido a coerciones por el mero hecho de cumplir diligentemente con los deberes que su profesión impone, pero en el caso de un periodista, la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos son valores especialmente protegidos que abundan en la gravedad de esta previsible persecución perpetrada con fondos públicos.
Estos no son los únicos hechos irregulares del caso. La información, desvelada en el marco de la investigación judicial por tráfico de influencias, llevó a la fiscal Carmen García Cerdá a querer profundizar en unos hechos que obviamente podrían ser constitutivos de delito.
De forma un tanto insólita, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, no ha visto tales indicios y ha paralizado la investigación de Anticorrupción.
Que el director de la ONIF –que continúa en el mismo cargo– y el de la Agencia Tributaria compartan un documento en el que se somete a una vigilancia específica a un periodista que ha publicado información contraria a los intereses del ministro de Hacienda debería ser motivo suficiente para investigar hasta el final quién ordenó y por qué motivo una campaña de intimidación semejante.
La gravedad de estos hechos exige esclarecer todo lo ocurrido y, llegado el caso, depurar responsabilidades en lo que sería un nuevo ejemplo de corrupción en el que se movilizan recursos públicos para cometer actos ilícitos al servicio de un interés privado.
ENLACES:
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-intimidacion-intolerable-20231026195208-nt.html