El PP se compromete a que el español será vehicular (lengua de aprendizaje) en todo el país. Es una progreso, pero falta detalle
El PP se ha comprometido por escrito en su programa electoral para el 23-J a que el español será lengua vehicular también en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Es decir: a que los escolares, además de la asignatura de Lengua Castellana, estudiarán al menos otra materia más en español. Es un compromiso vinculante con la ciudadanía, sobre todo respecto a Cataluña, donde la Generalitat, con el PSC, está incumpliendo las sentencias que obligan a que al menos el 25% del horario lectivo se imparta en la lengua común.
El planteamiento del PP suena bien, aunque al puede considerarse poco ambicioso. El partido señala que si Feijóo llega a La Moncloa, tanto el español como la lengua cooficial «tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico, asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente» en ambos idiomas. La vehicularidad del español fue eliminada por el Gobierno a petición de ERC en la Ley Celáa y el PP promete recuperarla. Lo difícil será que se cumpla en la práctica. ELMUNDO publicó que los populares pretenden hacerlo sancionando a los colegios incumplidores a través de la Alta Inspección del Estado, pero la fórmula no aparece detallada en el programa. Con todo, y pese a las dificultades evidentes (las autonomías tienen transferidas prácticamente todas las competencias), es crucial adoptar con firmeza las medidas necesarias para lograrlo.Están en juego los derechos fundamentales de miles de familias.
La formulación parece priorizar la vía más garantista jurídicamente. En vez de marcar el porcentaje del 25% -que dictó el Tribunal Superior de Justicia catalán y que el Constitucional aún debe revisar-, opta por el «patrón de equilibrio lingüístico», que es el concepto que dejó sentado el TC de mayoría progresista en abril. Un equilibrio que Feijóo ha impulsado en Galicia (un modelo trilingüe), y que falta en el País Vasco (que quiere generalizar la inmersión) y en Cataluña. Eso sí, la formulación no incorpora el compromiso con la libertad de elección, como sí ha hecho el PP en sus pactos con Vox Baleares y la Comunidad Valenciana, donde desde los gobiernos autonómicos podrá intervenir directamente.
El espíritu que impregna el resto del programa educativo es el adecuado para el progreso de la escuela y la universidad, potenciando el esfuerzo, el mérito o el principio de evidencia científica frente a los recientes excesos ideológicos. Por otro lado, no contempla la derogación de la Ley Celaá ni la de Universidades, sino su reforma, desde la convicción de que la población está cansada de tantos bandazos legislativos. El PP hace bien en pretender un «acuerdo social» que ponga fin al choque político que mina la calidad de nuestras aulas. En esa búsqueda no debería olvidar algunas de las medidas que los mejores expertos plantean desde hace tiempo y que el PP había hecho suyas, desde las reválidas hasta el MIR educativo.
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https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2023/07/06/64a5a296fc6c83da4c8b45bd.html
