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jueves, 3 de octubre de 2024
martes, 9 de abril de 2024
🔼 Los altos funcionarios frenan la maniobra del Gobierno para meter a interinos en puestos clave de la Administración
La plataforma que aglutina a los cuerpos superiores del Estado, Fedeca, acuerda con Escrivá suprimir las polémicas bolsas que desencadenaron protestas hace un año
El sindicato CSIF denuncia los atajos que está tomando el ministro para cumplir con Europa y pide menos anuncios y más negociación
Protesta de inspectores de Hacienda del Estado contra la inclusión de interinos en las oposiciones IHE
El Gobierno renunciará finalmente a tirar de interinos que no hayan superado la oposición correspondiente para cubrir aunque sea de forma temporal las vacantes ocasionales que se originen de inspectores de Hacienda, interventores del Estado o técnicos comerciales del Estado.
La plataforma Fedeca, que aglutina a cerca de medio centenar de asociaciones profesionales de cuerpos superiores de la Administración que representan a la práctica totalidad de la élite funcionarial del Estado, ha distribuido este lunes un comunicado sobre una reunión mantenida el pasado viernes con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, en el que da por hecha «la voluntad de suprimir las plazas de interinidad de nuestras oposiciones en próximas convocatorias siguiendo las directrices marcadas por las instituciones europeas«.
Consultado por ABC, el Ministerio ha confirmado el acuerdo, lo que supone un cambio de criterio fundamental en el área de Función Pública respecto al mantenido en las últimas convocatorias, en las que se ha incluido la cláusula de la bolsa de interinos pese a las duras presiones internas para impedirlo, como ha ocurrido en colectivos como los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado o los secretarios e interventores de ayuntamiento. De hecho, solo los inspectores de Trabajo se han librado de esta cláusula.
Fuentes ministeriales aclaran, igualmente, que el acuerdo no alcanzará a las convocatorias ya en marcha, ni tampoco a los que están pendientes de la oferta de empleo del año 2023, así que no se aplicará hasta que arranquen las convocatorias de la oferta de empleo de este año. Fuentes de diferentes asociaciones de cuerpos superiores daban la bienvenida con cautela al acuerdo en declaraciones a este diario y se remitían a constatar ese cambio de criterio en futuras convocatorias antes de realizan una valoración formal.
El asunto desencadenó hará cosa de un año una ola insólita de protestas callejeras de los altos funcionarios después de que la Secretaría de Función Pública, entonces bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, circulara una instrucción para que todas las convocatorias de plazas para los cuerpos superiores del Estado previeran la constitución de una bolsa de interinos con los aspirantes que hubieran aprobado al menos un examen de la oposición, al objeto de contar con una cantera de la que tirar cuando se pusieran de manifiesto necesidades de personal en esos ámbitos. Incluso se impugnaron las convocatorias ante los tribunales.
Así lo reconocía entonces el propio Ministerio de Hacienda que decía que el objeto era disponer de un criterio claro de selección de interinos y agilizar su incorporación cuando existan razones justificadas de necesidad y urgencia para cubrir las vacantes. La revuelta de los altos funcionarios partía de que no se trata de funciones cualquiera, sino que este perfil de altos funcionarios ejecutan funciones básicas como el control de las cuentas públicas, la persecución del fraude fiscal u otras de relevancia similar. Denunciaban, además, que el Gobierno tratara de abrir la puerta a la incorporación de nuevos interinos, apenas unos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenara al país por los excesos en el uso de interinos en la Administración.
CSIF pide menos anuncios y más realidades
La acumulación de anuncios y propuestas en materia de Función Pública efectuadas por el ministro Escrivá desde que se hiciera oficial su asunción de esas competencias ha sido cuestionada este lunes por el sindicato CSIF, que ha pedido al ministro menos anuncios en los medios de comunicación y más negociación con los sindicatos para resolver los problemas pendientes en la plantilla de la Administración.
En concreto el sindicato ha hecho referencia a un proyecto de orden ministerial para reformar la planificación de los recursos humanos en la Administración del Estado que el Ministerio ha sometido a consulta pública y que CSIF entiende que se ha improvisado para tratar de cumplir con los compromisos con Bruselas en materia de reforma de la Administración "sin afrontar cuestiones esenciales como la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, el refuerzo de la plantilla pública (el sindicato ha recordado que no se ha presentado la oferta de empleo público de este año) o la mejora de las condiciones de jubilación de los funcionarios".
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lunes, 25 de marzo de 2024
🔼 El Supremo investiga el enchufe de 12 altos cargos que Sánchez colocó en lugar de funcionarios
El Alto Tribunal estudia un recurso contencioso-administrativo de Fedeca contra 12 reales decretos de nombramientos
Los administradores civiles del Estado que denuncian ya consiguieron tumbar tres nombramientos de Sánchez hace unos meses
El Tribunal Supremo investiga una docena de reales decretos de Pedro Sánchez en los que nombró por dedazo a 12 directores generales en varios ministerios sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera y, tal como denuncia una agrupación de administradores civiles del Estado, sin justificar las excepciones correctamente. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala Tercera del Alto Tribunal, especializada en asuntos de lo contencioso-administrativo, ha admitido a trámite el recurso de Fedeca (la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) escasos meses después de anular una decena de nombramientos del Gobierno.
El escrito de Fedeca se registró el 5 de febrero y el Supremo ya ha dictado un auto para aceptar el caso y determinar que no son procedentes las medidas cautelares solicitadas de anular provisionalmente esos dedazos que hizo el Ejecutivo de PSOE y Sumar entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Como publicó OKDIARIO, Fedeca ya consiguió revocar los nombramientos claves en el Instituto de Juventud (Injuve), en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Dirección de Políticas Palanca de la Agenda 2030 –todos ellos en el ministerio que lideraba Pablo Iglesias–. Además, a instancias de otras entidades, el Supremo ha tumbado nombramientos de Sánchez en el Consejo de Estado, en la Guardia Civil, en la Agencia de Protección de Datos y en el Consejo Superior de Deportes, así como varios nombramientos en la Fiscalía General del Estado a propuesta del fiscal designado por el Ejecutivo.
La normativa en vigor y las sentencias del Supremo establecen que solamente cabe usar la figura de directores generales no funcionarios cuando las funciones encomendadas para estos altos cargos del Gobierno no puedan ser ejecutadas por personal funcionario de carrera. Además, en esas excepciones corresponde a la Administración justificarlo al detalle. Fedeca argumenta que el Ejecutivo de Sánchez «no ha explicado en ningún caso las razones por las que un funcionario de carrera no puede realizar las funciones correspondientes».
Por su parte, el abogado del Estado, a la hora de oponerse a las medidas cautelares solicitadas, argumenta que los puestos impugnados tienen una especificidad muy concreta. Asegura que en legislaturas anteriores determinados puestos también se han cubierto con personas ajenas al cuerpo funcionarial.
En todo caso, Fedeca defendía las cautelares ante la posibilidad de que estas designaciones provoquen «un daño irreparable». Además, tachan de «genéricas» las motivaciones ofrecidas por el Gobierno y señala que «los nombramientos carecen de justificación alguna, de manera que es imposible saber por qué las personas nombradas poseen unas características que jamás podrían ser alcanzadas por un funcionario de carrera».
Tres directivos de Igualdad
Los nombramientos impugnados ante el Supremo son:
Luis Guillermo Tapia Martínez, director general de Relaciones con las Cortes.
Carlos María Juárez, director general de Sector Ferroviario.
Roser Obrer Marco, directora general de Transporte por Carretera.
Pilar Varela Díaz, directora general de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
Aicha Belassir Khayati, directora general de Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.
Pedro Gullón Tosio, director general de Salud Pública y Equidad en Salud.
Paula Fernández-Wulff, directora general de Agenda 2030.
Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo.
Julio del Valle de Iscar, director general de Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+.
María Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres.
Por tanto, el Supremo investiga un nombramiento en el Ministerio de Presidencia, dos en Transportes, uno en Educación, uno en Trabajo, uno en Industria, uno en Política Territorial y Memoria Democrática, uno en Sanidad, uno en Derechos Sociales y tres en Igualdad.
Según Fedeca, «los nombramientos carecen de la más mínima motivación. Es imposible conocer las razones que han llevado al Consejo de Ministros a elegir a esas personas y no a otras para ocupar esos puestos cuando en apariencia los funcionarios de carrera también podrían desempeñarlos. No se ha acreditado que hubiera ni siquiera el intento de encontrar los que pudieran ser adecuados al puesto». Los administradores civiles del Estado buscan que el Supremo vuelva a sentenciar que se ven perjudicados ante «la pérdida de oportunidad irrecuperable y de imposible compensación», pues «se les impide el desarrollo de su carrera profesional mediante el acceso al máximo grado que la Ley les reserva (el nivel 30)».
«Ocupación arbitraria»
Además, los afectados esgrimen que un pronunciamiento a su favor por parte del Supremo evitaría un perjuicio a los intereses generales del Estado pues la suspensión impedirá «la ocupación arbitraria (la prensa dice a dedo) por quienes no reúnen los mínimos de mérito y capacidad para el desempeño de las características especiales del puesto».
En este punto, el Supremo descarta la posibilidad de las medidas cautelares contra los nombramientos y apunta: «La Sala está en condiciones de resolver en tiempo razonable este recurso contencioso-administrativo dado que, por su naturaleza, su tramitación no debe presentar particulares dificultades. De ahí que no quepa hablar de consecuencias irreversibles».
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