El presidente da otro paso en su deriva autoritaria con una escandalosa operación política con dinero público
La operación de asalto de la Moncloa a Telefónica, una multinacional solvente que no necesita para nada la intervención política, supone un paso más en el acoso de Pedro Sánchez a la libertad y pluralidad definitorias de una democracia.
Citar en la Moncloa al presidente de la compañía para destituirlo y nombrar a la vez en su lugar a un adepto del PSOE conforma una escena impropia de un país europeo y se acerca más, sin duda, a la visión patrimonial del Estado característica de dirigentes como Hugo Chávez, célebre por sus expropiaciones, de las que se vanagloriaba en público.
Y desde luego obliga a preguntarse por las intenciones que promueven este abordaje, con seguridad nada tranquilizadoras.
Para empezar, porque Telefónica tiene un papel judicial relevante en dos de los casos que más acorralan a Sánchez, el de su propia esposa y el del fiscal general del Estado: tanto los patrocinios a la cátedra de Begoña Gómez cuanto la exactitud de las comunicaciones de García Ortiz durante la campaña de acoso a Ayuso tienen en la compañía, sin duda, un elemento clave para decantar los juicios. Y no parece que imponer a un socialista al frente de la firma ayude a confiar en su colaboración con los tribunales, precisamente.
Pero hay más, y es todavía más inquietante. Porque la colonización de Telefónica remata un largo proceso de usurpación de instituciones, organismos y empresas públicas por parte del PSOE, con dirigentes de constatada obediencia a su patrón.
Y porque además eso se perpetra en todos los ámbitos relevantes en la creación de estados de opinión, en el recuento o custodia de votos, en las comunicaciones de todo tipo e incluso en la inteligencia artificial.
A todos esos sectores se dedican el CIS, RTVE, Correos, Indra o Telefónica, entre otros. Y en todos ellos hay al frente, o influyendo decisivamente, a personas conjuradas en el proyecto de Sánchez y en su supervivencia.
Si se le añade a esta secuencia de abusos la utilización del Tribunal Constitucional para avalarlo todo y anular las consecuencias de escándalos tan mayúsculos como el de los ERE, la preocupación debe ser máxima y la reacción democrática también.
Arabia Saudí es ya el segundo accionista de Telefónica, lo que en sí mismo desmonta la justificación que Sánchez dio al invertir en la compañía con el dinero de todos los españoles y demuestra que su plan era otro. Y lo ha logrado, en plena tormenta judicial y con una deriva autoritaria que asusta y obliga a actuar con determinación democrática, judicial, europea y ciudadana. Antes de que sea tarde.
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