El Tribunal de Cuentas critica al Ministerio del Interior por obligar a la Guardia Civil a usar embarcaciones muy antiguas, muchas ya fuera de su vida útil. En algunos tipos de barcos, hasta el 83% están obsoletos, lo que provoca fallos mecánicos, altos costes de mantenimiento y una operatividad limitada.
La falta de presupuestos ha dificultado renovar la flota, obligando a recurrir a contratos de emergencia y a fondos externos.
El organismo recomienda un plan de renovación para garantizar la eficacia de Guardia Civil y Policía Nacional.
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