🔼 El TC consagra el abuso de poder

Conde Pumpido, máximo adalid del rodillo socialista judicial, ha sentado un precedente gravísimo

El rodillo socialista vigente en el Tribunal Constitucional, también conocido como «mayoría progresista», ha convertido su criterio en el caso de los ERE en una legitimación en toda regla de la arbitrariedad del gobernante, homologable a una consagración del abuso de poder.

A decir de los magistrados alineados en el equipo de Pedro Sánchez, los dirigentes andaluces del PSOE condenados por desviar seiscientos ochenta millones de euros procedentes de nuestros bolsillos hacia el sistema clientelar destinado a comprar votos no cometieron delito alguno, porque los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos son «infiscalizables» y «no pueden ser objeto de control por ningún órgano judicial».

Lo que equivale a sentenciar que, una vez obtenida una mayoría parlamentaria, el político de turno tiene potestad para hacer con nuestro dinero lo que le plazca, sin someterse a la supervisión judicial, ni al imperio de la ley, ni a más regla que la conveniencia de su persona y su partido. El sueño húmedo por excelencia de cualquier dictador que se precie.

La «mayoría progresista» encabezada por Cándido Conde Pumpido, máximo adalid del rodillo socialista judicial, no solo se ha erigido en tribunal de apelación, usurpando así la función que nuestra Carta Magna atribuye al Supremo, sino que ha sentado un precedente de extraordinaria gravedad para la seguridad jurídica, base y sostén de cualquier democracia.

Si ya era alarmante la politización del CGPJ vigente desde la reforma introducida por Felipe González en 1987, este salto cualitativo termina de liquidar la poca confianza en la justicia que pudiéramos tener los ciudadanos. ¿De qué sirve que jueces honrados e independientes investiguen, acusen, juzguen conforme a Derecho y en su caso condenen, si la decisión final recae en doce hombres y mujeres que ni siquiera se molestan en aparentar ser justos? 

No es la primera vez que el TC deshonra su nombre y acredita su condición de órgano político, en el peor sentido de la palabra. Ya lo hizo en época de Zapatero, cuando enmendó la plana al Supremo para legalizar a Batasuna, parte del entramado etarra, después de que Pumpido, a la sazón fiscal general del Estado, profiriera aquello de que «el vuelo de las togas no eludirá el polvo del camino», en relación a la negociación entablada con la banda terrorista.

El actual presidente del TC ya apuntaba maneras. Más allá de su habilidad para retorcer la ley, es evidente que no ha llegado hasta donde está por su capacidad o méritos profesionales, sino por esa disposición a servir intereses ajenos a los de la justicia. Intereses partidistas. Los intereses del amo.

Cumplida la tarea de otorgar impunidad a los protagonistas del mayor escándalo de corrupción de nuestra historia, ya se estará arremangando para hacer lo propio con los golpistas. Y lo peor es que encarna la última instancia. No hay nadie a quien recurrir salvo Europa, que está a otras cosas.

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