🔼 El PSOE no quiere críticas

•  Los socialistas no sólo han iniciado un camino insólito para alejarse de la institucionalidad, sino que han decidido deslegitimar cualquier forma de crítica u oposición.

Mientras el Partido Socialista insiste en situarse cada vez más fuera de la institucionalidad, al pactar una legislación 'ad hoc' que exonera a sus potenciales socios de gobierno y al negociar apoyos parlamentarios a cambio de condonaciones de deuda y de otros beneficios que quiebran la igualdad entre españoles, la acción de la justicia prosigue con normalidad ante los gravísimos hechos perpetrados el 1 de octubre de 2017, que estuvieron a punto de quebrar la arquitectura del Estado de derecho. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a la vista del informe presentado por la Guardia Civil el pasado viernes, ha decidido imputar a Carles Puigdemont; a su mano derecha, Josep Lluis Alay; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras nueve personas por delitos de terrorismo vinculados a los disturbios organizados desde Tsunami Democràtic. El informe del Instituto Armado se nutre también de indicios recogidos en el juzgado de Barcelona que investiga la operación Voloh y que establece vínculos entre el separatismo catalán y los servicios de inteligencia rusos.

Esta imputación -recurrida de inmediato por la Fiscalía- demuestra la gravedad de lo acontecido en el año 2017 y vuelve a poner de manifiesto la dolosa discrecionalidad con la que el PSOE está dispuesto a amnistiar delitos de terrorismo a cambio de la investidura. Aunque la negociación con Junts no esté cerrada, la semana pasada pudimos constatar que para el PSOE no existe ningún precio que resulte demasiado caro y se ha mostrado capaz de rebasar límites que, hasta el momento, se habían considerado infranqueables. A nadie puede sorprender ya que Sánchez esté dispuesto a conceder absolutamente todo con tal de revalidarse en el poder. Lo que sí supone una novedad es la forma en la que el socialismo ha intentado desautorizar acciones que se inscriben dentro de la estricta normalidad del funcionamiento civil e institucional. La deslegitimación de la acción de los jueces o el descrédito al que han intentado someter a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso a los medios de comunicación no afines, dan cuenta del estado de nerviosismo creciente en La Moncloa y en Ferraz.

Que Pedro Sánchez esté dispuesto a renaturalizar su partido y a romper con una herencia histórica de compromiso democrático no obsta para que muchos españoles, legítimamente, estén dispuestos a expresar su justa indignación. Asumir el pluralismo político y atender al descontento creciente de una ciudadanía que ve quebrados sus derechos y su igualdad ante la ley debería ser imperativo para el Gobierno en funciones, que aspira a legislar en beneficio propio y con una notable mayoría social en contra. Restar legitimidad al adversario político es una táctica tan antigua como decepcionante en una democracia plena, por lo que la asimetría con la que el Partido Socialista juzga los delitos de sus socios y los compara con manifestaciones públicas ejemplares resulta, cuanto menos, llamativa. Parecería que al PSOE le molesta que los jueces hagan su trabajo, que la Guardia Civil elabore informes incómodos para sus intereses o que los ciudadanos se manifiesten cuando lo estimen oportuno.

Este distanciamiento de las instituciones y de la ciudadanía son una muestra más del camino emprendido por el PSOE fuera de los cauces de la normalidad democrática. Una huida hacia adelante que deberían revertir de inmediato para retomar el cauce institucional que se le presupone a un partido de gobierno.

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https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-psoe-quiere-criticas-20231107194322-nt.html