El informe sobre el Estado de derecho de la Comisión constata que no se ha producido "ningún avance"
El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho conocido este miércoles reprocha a España que un año más no haya avanzado en el aspecto clave para la Justicia: la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado.
Esos son los dos primeros puntos que aborda el documento en el apartado que condensa la situación actual de la Justicia y que expone las recomendaciones de la Comisión para nuestro país. «No ha seguido avanzando en el reforzamiento del estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo que respecta a la disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal», señalan las primeras líneas del informe.
A continuación, aborda la situación del Consejo, partiendo de que no ha habido «ningún avance en cuanto a la renovación», que lleva un retraso de cuatro años y medio. Tampoco se ha hecho nada para que, «inmediatamente después» de cambiar a los vocales, se dé inicio «a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas».
Estas normas europeas establecen que los vocales de extracción judicial -12 de los 20- deberían ser elegidos de forma directa por los jueces, sin participación del poder político. Actualmente, todos son designados en última instancia por el Congreso y el Senado.
Desde que la renovación del CGPJ encalló en 2018 -antes no- el PP respalda esa elección directa. Así lo recoge en su programa electoral para el 23-J, que propone «la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial». La Comisión recuerda que el Parlamento rechazó una proposición -presentada por el PP- para abordar ya esa modificación.
Por el contrario, el PSOE se opone a cambiar el sistema, más allá de algunos retoques que en ningún caso no sacarían la elección del Parlamento. Los socialistas sostienen que el refrendo de los vocales por las Cortes otorga una legitimidad reforzada al Consejo.
La «seria preocupación» por la situación del Consejo aumenta porque el bloqueo está «afectando negativamente a la labor del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto». Las vacantes sin cubrir del TS ralentizan resoluciones que deberían marcar pautas al resto de tribunales, lo que a su vez perjudica la seguridad jurídica.
LA FISCALÍA GENERAL
En cuanto a la reforma que afectaría al fiscal general -que el informe aborda antes incluso que el problema del CGPJ-, el programa popular se alinea con la reclamación europea, proponiendo que no cese automáticamente cuando el Gobierno que lo nombró pase a estar en funciones. Y que su mandato sea de cinco años, dejando así de estar supeditado al cambio político.
El informe recuerda que en mayo del año pasado el Gobierno impulsó una reforma de las relaciones entre la Fiscalía y el Ejecutivo que debían estar ya en marcha. «Sin embargo, todavía no se ha informado de ningún avance».
«Dado que en esta fase no se han tomado medidas para reforzar el estatuto del fiscal general del Estado, no se ha avanzado en la aplicación de la recomendación formulada», concluye el informe.
El examen de la Comisión a la situación de la Justicia en España incluye otras recomendaciones y advertencias. Como hizo el año pasado, se hace eco de las críticas a los jueces provenientes de responsables políticos. «De acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. Esto es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo».
Otras recomendaciones vinculadas a la mejora en la eficiencia de la Justicia no han sido finalmente aprobadas en esta legislatura y se han quedado en fase de tramitación en las Cortes. Al respecto, el informe recuerda que se trata de compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone que el desembolso de ciertos fondos europeos está ligado a su avance.
ENLACES:
https://www.elmundo.es/espana/2023/07/06/64a5afa1e4d4d83a798b457a.html
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