Igualdad también presume de que la nueva 'ley trans' reducirá las cargas administrativas al a eliminar la exigencia de requisitos para la rectificación registral del sexo. Esto se debe a que desaparece la necesidad de presentar informe de médico o psicológico en el que se diagnostique disforia de género, y a que dejará de exigirse el informe de tratamiento médico, durante al menos dos años, para acomodar las características físicas de la persona que quiera cambiar de sexo a las correspondientes al sexo reclamado.
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