Las normativas que parecían más avanzadas retroceden en Europa: Noruega sopesa dar marcha atrás
«El PP no desatenderá las necesidades del colectivo», pero reformulará la norma y suprimirá el lenguaje 'queer'
Dinamarca, Malta, Irlanda, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Finlandia y España, en 2023. De los países que tomaron la delantera en el continente europeo para plasmar derechos del colectivo transexual en una ley, la mayoría recogen que la transición se iniciará a los 18 años y exigen haberse tratado con hormonas, operado o presentar un informe médico para hacerlo. Entre los que permiten a los menores cambiar de sexo sin necesidad de esa evaluación médica, dos -Suecia y Reino Unido- ya han dado pasos hacia atrás por los efectos que han tenido algunos de sus apartados, como las terapias de hormonación para bloquear la pubertad y las cirugías reconstructivas del sexo. El último que está sopesándolo, siete años después de dar a luz su normativa, es Noruega, cuya autoridad sanitaria acaba de comunicar el riesgo de haber abierto sin una criba médica estas prácticas clínicas a los adolescentes que lo solicitan.
España cuenta con una ley Trans estatal desde el pasado 1 de marzo, aunque poseía ya normativas autonómicas que dan amparo al colectivo en 15 de las 17 comunidades. Y seguirá teniendo ley Trans, pero no la actual, señalan fuentes populares, si el 23 de julio hay cambio de Gobierno.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado martes que derogará la ley Trans formulada por el Ministerio de Igualdad si llega a La Moncloa tras los comicios del 23 de julio, pero no con la voluntad de dejar desatendido al colectivo, sino de reformularla para «proteger a la infancia». Por eso, fuentes populares precisan que lo que se hará será «otra ley Trans», mejor redactada, con la consulta obligada a expertos y juristas y que cuente con mayor respaldo.
La norma nació sentenciada
Desde las filas del Partido Popular nunca han escondido que la tramitación de la ley Trans fue «otra chapuza», como la 'ley del solo sí es sí'. Y que puede tener efectos inesperados en la infancia, como ha ocurrido en Reino Unido, Suecia y Noruega. Entre otros motivos, el PP se quejó en el Parlamento de que la norma no tuvo procedimiento de publicidad, fue aprobada por la vía de urgencia y adoleció de un debate previo en la Comisión de Igualdad con la participación de verdaderos especialistas en el tema. En las huestes socialistas tampoco dio pie al debate, puesto que Carmen Calvo, la voz más discordante, fue repudiada por abrir el melón de que era una norma poco idónea.
Los populares tampoco han ocultado su rechazo a la desprotección en que quedan los menores, a su juicio, con la 'ley Montero', puesto que desde los 14 años el joven puede solicitar el cambio de sexo sin necesidad de presentar evaluación psicológica ni médica. Según dijo Feijóo en una entrevista radiofónica el martes, el problema es que el Gobierno de coalición ha agendado la norma de forma improvisada, para que a un joven le resulte «más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de conducir o aprobar la Selectividad». «Atenta contra los menores, atenta contra la guarda y tutela y la patria potestad de los padres, contra el sentido común», dijo Feijóo.
El PP tampoco es partidario de la neolengua propia de la doctrina 'queer' con la que Igualdad ha preñado la redacción de la norma. Por eso, en un acto celebrado en febrero, el dirigente orensano ya sugirió que derogará también esos conceptos. «No soy un progenitor no gestante, soy un padre», resumió.
La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, recogía ayer el testigo del presidente del partido y aseguraba que no quieren políticas frívolas, pero que «por supuesto» que hace «falta» una norma con una «protección a las personas transexuales» en España. No es la ley que ha aprobado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, aseveró. Así que el PP derogará aquello que cuenta con un gran «rechazo» y que ha «desprotegido fundamentalmente a los menores», dijo Gamarra. El portavoz de Génova, Borja Sémper, hacía lo propio y enfatizaba, consciente de las interpretaciones diversas que provocó el anuncio de Feijóo sobre la supresión del Ministerio de Igualdad y la derogación de la ley Trans, que España «necesita políticas de igualdad, no un Ministerio» como el que tiene a Irene Montero en cabeza.
Los médicos deben decidir
En la misma entrevista en Onda Cero, Feijóo sentenció: «Los médicos deben decidir cuándo ponen hormonas y no los pacientes». Y ese ha sido el principal problema con que se está encontrando los países adelantados como Noruega. En 2016, el país nórdico autorizó con una nueva norma que los menores de edad cambiasen legalmente de sexo sin permiso de los médicos. No se exige a los niños un periodo de reflexión porque el entonces ministro de Sanidad, Bent Høie, consideró que se trataba de «un obstáculo paternalista».
Los primeros años de la aplicación de la reforma han llevado ahora, sin embargo, a la Junta de Investigación de Atención Médica (UKOM) a dictaminar que las pautas nacionales sobre el uso de bloqueadores de la pubertad y las cirugías de reasignación de género deben ser revisadas, debido a la falta de evidencia que respalde dichos procedimientos. Según las nuevas pautas de UKOM, la terapia hormonal y la cirugía de reasignación de género para menores deberían quedar restringidas a entornos de investigación y no deberían estar disponibles en la práctica clínica.
«La base de conocimiento, especialmente el conocimiento basado en la investigación para el tratamiento de afirmación de género (hormonal y quirúrgico), es deficiente y los efectos a largo plazo son poco conocidos», argumenta la agencia. «Esto es particularmente cierto para la población adolescente, donde tampoco se conoce la estabilidad de su incongruencia de género», añade.
Efectos irreversibles de la ley
Los autores del análisis UKOM expresan su preocupación por las tasas desproporcionadas en las que los afectados suelen sufrir algunas patologías: el 75% de los menores diagnosticados presentan una elevada prevalencia de enfermedades mentales o trastornos cognitivos como TDAH, autismo o el síndrome de Tourette antes de que les diagnostiquen disforia de género.
ABC
LA LEY MARCA UN MÁXIMO DE CUATRO MESES DE PLAZO PARA EL PROCESO
Retrasos en las citas en algunos registros para cambiar de sexo
Lucía, estudiante de Matemáticas de 20 años, cumplimentó los formularios para cambiar de sexo en un registro de Madrid en «pocos minutos». Ella estrenó en la capital la tramitación exprés que predispone la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, esos minutos para cambiar de sexo se están alargando, en otros registros más colapsados como los de la ciudad de Zaragoza, en hasta cuatro meses, según denuncian algunas asociaciones trans de Aragón.
El colectivo ha criticado los problemas que están encontrando hasta para reservar una primera cita con la Administración, demorando un proceso que se prometió sería rápido. Estas quejas se suman a otra dificultad que están encontrando los registros civiles, y del que daba cuenta el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de junio. El BOE recogió que deberán convivir durante un plazo de tiempo -que será de años, según los letrados consultados por este diario- los formatos tradicionales en oficinas del Registro Civil que no se han digitalizado y que datan de 1957. La confusión se evidencia entre registros que sí se han informatizado (menos del 8% de los 177 que hay en España), dando lugar a que una persona pueda figurar con un sexo distinto en un registro y conserve su sexo natal en otro.
El informe apunta a una extensa lista de efectos secundarios durante la reasignación de sexo de hombre a mujer, que incluyen enfermedades hepáticas, mayor riesgo de trombosis o hipertensión arterial. Al transicionar de mujer a hombre, se conocen efectos secundarios como aumento del recuento de glóbulos rojos, cicatrización, edema o infertilidad, que pueden resultar tanto de procedimientos quirúrgicos como de tratamientos hormonales. El informe fue motivado por numerosas quejas de familiares de menores que cuestionan la seguridad de los tratamientos.
La Sociedad para la Medicina de Género Basada en la Evidencia (SEGM), un grupo internacional de médicos e investigadores, ya había advertido que las directrices noruegas de tratamientos médicos para niños con disforia de género se basan en un modelo de «afirmación de género» que ni siquiera requieren una evaluación psicológica, poniendo en duda la seriedad de estas prácticas.
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Si el Gobierno noruego acepta finalmente las recomendaciones de UKOM, el país se alinearía con Suecia, Reino Unido y Finlandia, que recientemente han introducido salvaguardas que protejan a los menores de abrazar ciegamente esa «afirmación de género». En nuestro país, junto a la oposición, algunos grupos feministas también vienen protestando por que no se haya tenido en cuenta un informe médico e independiente sobre los efectos irreversibles que puede tener la nueva ley.
LA LEY MARCA UN MÁXIMO DE CUATRO MESES DE PLAZO PARA EL PROCESO
Retrasos en las citas en algunos registros para cambiar de sexo
Lucía, estudiante de Matemáticas de 20 años, cumplimentó los formularios para cambiar de sexo en un registro de Madrid en «pocos minutos». Ella estrenó en la capital la tramitación exprés que predispone la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, esos minutos para cambiar de sexo se están alargando, en otros registros más colapsados como los de la ciudad de Zaragoza, en hasta cuatro meses, según denuncian algunas asociaciones trans de Aragón.
El colectivo ha criticado los problemas que están encontrando hasta para reservar una primera cita con la Administración, demorando un proceso que se prometió sería rápido. Estas quejas se suman a otra dificultad que están encontrando los registros civiles, y del que daba cuenta el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de junio. El BOE recogió que deberán convivir durante un plazo de tiempo -que será de años, según los letrados consultados por este diario- los formatos tradicionales en oficinas del Registro Civil que no se han digitalizado y que datan de 1957. La confusión se evidencia entre registros que sí se han informatizado (menos del 8% de los 177 que hay en España), dando lugar a que una persona pueda figurar con un sexo distinto en un registro y conserve su sexo natal en otro.
El informe apunta a una extensa lista de efectos secundarios durante la reasignación de sexo de hombre a mujer, que incluyen enfermedades hepáticas, mayor riesgo de trombosis o hipertensión arterial. Al transicionar de mujer a hombre, se conocen efectos secundarios como aumento del recuento de glóbulos rojos, cicatrización, edema o infertilidad, que pueden resultar tanto de procedimientos quirúrgicos como de tratamientos hormonales. El informe fue motivado por numerosas quejas de familiares de menores que cuestionan la seguridad de los tratamientos.
La Sociedad para la Medicina de Género Basada en la Evidencia (SEGM), un grupo internacional de médicos e investigadores, ya había advertido que las directrices noruegas de tratamientos médicos para niños con disforia de género se basan en un modelo de «afirmación de género» que ni siquiera requieren una evaluación psicológica, poniendo en duda la seriedad de estas prácticas.
Si el Gobierno noruego acepta finalmente las recomendaciones de UKOM, el país se alinearía con Suecia, Reino Unido y Finlandia, que recientemente han introducido salvaguardas que protejan a los menores de abrazar ciegamente esa «afirmación de género». En nuestro país, junto a la oposición, algunos grupos feministas también vienen protestando por que no se haya tenido en cuenta un informe médico e independiente sobre los efectos irreversibles que puede tener la nueva ley.
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